Transformar los territorios más afectados por el conflicto y la pobreza significa generar condiciones de seguridad. En este informe hacemos un análisis a uno de los mecanismos planteado por el Acuerdo de Paz.

La situación que viven las comunidades en territorios como el Putumayo, Cauca y Catatumbo amerita un análisis poner la lupa sobre las medidas de seguridad territorial.
El Acuerdo de Paz dispuso la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), con el propósito de proteger a la población y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución. El presente informe realiza un balance del funcionamiento y resultados de las instancias de este Sistema.
A pesar de que el SISEP ha avanzado en algunos logros normativos y de formalización de sus instancias, las garantías de seguridad para la población objeto del Acuerdo de Paz continúan siendo un pendiente para el Estado colombiano. A continuación, se presentan algunos retos y recomendaciones que se identificaron en la elaboración del informe:
Persisten las situaciones de riesgo para la población firmante del Acuerdo y los liderazgos sociales
Durante los últimos años ha crecido la influencia territorial de los grupos armados, por ejemplo, en relación con 2022 la presencia del Clan del Golfo aumentó en un 55%, la de las disidencias aumentó en un 26% y la del ELN aumentó en un 22%. Además, las divisiones internas en actores como el ELN o el Estado Mayor Central, han fomentado focos de disputa en nueve regiones, como Putumayo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.
En medio de dicho contexto, persisten las situaciones de riesgo para líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Durante el segundo año del gobierno Petro los homicidios de líderes aumentaron en un 2% y en lo corrido entre enero y octubre de 2024 se registraron 150 casos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta septiembre de 2024, la Misión de Verificación de la ONU registró 432 homicidios de personas en proceso de reincorporación. Es decir, tres de cada 100 firmantes han sido asesinados durante estos ocho años de implementación.
En el Acuerdo, el SISEP se contempló como la principal herramienta para prevenir estos y otros hechos de violencia, sin embargo, la complejidad del conflicto colombiano requiere la concurrencia de distintas entidades del Estado, se recomienda:
A la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, liderar una política de seguridad orientada a la recuperación de las capacidades operativas para la afectación estratégica al control territorial y las economías ilícitas de las organizaciones criminales, focalizando acciones en algunas regiones del país como Bajo Cauca, Putumayo, Caquetá y Cauca.
A la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, desarrollar estrategias sostenibles de transición a economías lícitas, como lo podría ser el desarrollo efectivo de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) en el marco de una implementación integral del punto 4 del Acuerdo de Paz.
A la Agencia de Renovación del Territorio, ministerios y autoridades locales, impulsar la transformación de los territorios con la implementación de los PDET y los Planes Nacionales Sectoriales.
El nicho y despliegue institucional del SISEP continúa siendo un reto
El SISEP representa una oportunidad para la innovación en seguridad y el fortalecimiento del liderazgo civil, además del fortalecimiento de la veeduría de la sociedad civil en estos temas. En este sentido, se recomienda:
A la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, generar una estrategia de racionalización de las instancias del SISEP, para facilitar y agilizar procesos de prevención y protección de la población objeto, así como la afectación de las estructuras criminales.
A la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, desarrollar un ejercicio de diagnóstico sobre el presupuesto disponible para las acciones de cada una de las instancias, políticas y programas del SISEP para fomentar su ejecución, así como identificar las acciones desfinanciadas y definir una ruta para la consecución del presupuesto necesario.
A la Presidencia de la República, impulsar el funcionamiento de la Instancia de Alto Nivel del SISEP como escenario de articulación interinstitucional y toma de decisiones estratégicas para la protección de la población objeto y la afectación de las organizaciones criminales.
A la Presidencia de la República, formalizar y poner a funcionar la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema, como escenario clave de recolección de información de diversas fuentes, para la priorización de acciones y la toma de decisiones basada en evidencia.
A la Presidencia de la República, revisar y si es del caso, redireccionar el rol de la sociedad civil y fortalecer sus capacidades de veeduría y acompañamiento en el seguimiento a la implementación de la política pública de desmantelamiento.
A la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, generar mecanismos de articulación entre la política pública de desmantelamiento formulada en la CNGS y las estrategias de negociación con Grupos Armados Organizados o diálogos sociojurídicos con organizaciones criminales.
El SISEP se mantiene en una fase de planeación y expedición normativa
El SISEP parece estar en una fase de planeación constante, y su gestión suele limitarse a la expedición normativa y la realización de reuniones en el marco de las instancias. Por ello la políticas, planes y programas del SISEP deben superar la fase de planeación, para lo cual es fundamental que se defina el presupuesto disponible, se prioricen acciones y empiece a funcionar la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Desempeño y su sistema de información, con el fin se hacerle seguimiento al avance de las estrategias. Se recomienda:
A las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, acelerar la implementación de la política pública de desmantelamiento y los pilotos territoriales que se han definido.
A la Presidencia de la República, liderar e impulsar la implementación de las acciones del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como las del Programa de Protección Integral, tan pronto este sea reglamentado.
Al Ministerio del Interior, fortalecer la implementación a nivel territorial del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios reglamentado por el Decreto 660 de 2018.
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