Aquí pueden conocer los hecho más relevantes frente la implementación del Acuerdo de Paz durante el primer bimestre del 2025. Entre ellos, se encuentra que el Gobierno anunció un programa de sustitución exprés por la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en el Catatumbo.
Algunos hechos relevantes durante el bimestre:
Corte Constitucional revisó seguridad para firmantes: en cumplimiento de la sentencia SU-020 de 2022, la Corte Constitucional llevó a cabo sesiones técnicas los días 27 de enero y 3 de febrero, abordando las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz. Se destacó que -para la fecha- más de 100 firmantes habían sido desplazados por la crisis en el Catatumbo.
El 7 de febrero la Corte Suprema rechazó a paramilitares como "bisagra" en la JEP: la Corte Suprema de Justicia determinó que los ex paramilitares no pueden ser considerados "sujetos bisagra" en la JEP, lo que impide su acceso a beneficios similares a los de exintegrantes de las FARC. Esta decisión ha generado debates sobre cómo garantizar el acceso completo a la verdad del conflicto, dado que muchos crímenes paramilitares siguen sin esclarecerse.
Alianza para la reincorporación de firmantes con discapacidad y adultos mayores: el 13 de febrero, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Asociación Nacional de Excombatientes con Discapacidad y Adultos Mayores (Conelaec) anunciaron una alianza para fortalecer la reincorporación de 617 firmantes con discapacidad o adultos mayores en siete regiones de Colombia. La iniciativa incluirá programas de capacitación laboral, acceso a salud especializada y proyectos productivos adaptados a las capacidades de los beneficiarios.
El 14 de febrero el Gobierno lanzó programa de sustitución exprés en el Catatumbo: por la crisis humanitaria, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) anunció un programa de sustitución exprés y humanitaria para el Catatumbo, con una inversión de 200.000 millones de pesos, según su directora, Gloria Miranda.
JEP definió directrices para sentencias restaurativas: el 14 de febrero, la JEP estableció lineamientos para la implementación de Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR). Este marco de trabajo permitirá imponer sanciones a los comparecientes que reconozcan su responsabilidad y aporten a la verdad, priorizando la reparación de las víctimas y la coordinación con el Estado, la cooperación internacional y el sector empresarial.
El 27 de febrero se publicó el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que analiza la situación de los derechos humanos en Colombia y destaca los impactos del conflicto armado y la violencia territorial. Entre los avances positivos, el informe resalta la ratificación del Acuerdo de Escazú, el trabajo de la JEP en el avance de los macrocasos y la adopción de medidas cautelares para fortalecer el respeto a los derechos de las víctimas y la expedición de la Ley 2422, que dota de mayores recursos a las personerías de municipios con altos índices de violencia. Sin embargo, expresa preocupación por la persistencia del control violento de grupos armados no estatales, el reclutamiento de niños y niñas, el aumento de la violencia basada en género y la necesidad de fortalecer el Estado como garante de los derechos humanos.
El informe también enfatiza la urgencia de avanzar en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, ante las amenazas de exterminio físico y cultural de los Pueblos Indígenas.
Aquí pueden ver el informe completo:
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